Miguel Santos Burgos sabía que lo querían matar. Llevaba apenas dos meses al frente de la oficina municipal encargada de la legalización de tierras y ya lo habían amenazado por hablar abiertamente del mercado negro inmobiliario en Durán, una ciudad costera ecuatoriana sometida a la violencia de grupos criminales. El 3 de agosto de 2023, a plena luz del día, un grupo de sicarios disparó a mansalva contra él, su guardaespaldas y el conductor.

El taxi que transportaba a Miguel y la moto de su escolta se convirtieron en evidencias forenses a menos de un kilómetro del edificio de la Alcaldía y a solo una cuadra de la jefatura de Policía. Mientras tanto, el auto gris que utilizaron los sicarios fue abandonado al otro lado de la ciudad, en La Herradura, una zona en disputa entre los grupos criminales Chone Killers y Latin Kings.

La Herradura forma parte de un sector más extenso en pleno centro urbano, conocido informalmente como las 288 Hectáreas. Allí se ubican tres de las zonas con mayor concentración de asentamientos irregulares en este cantón, según la Secretaría de Asentamientos Irregulares del Ecuador y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT). Curiosamente, el plan de Santos Burgos como director de Planificación y Terrenos de una nueva administración incluía la legalización de predios en esa misma zona.

Pero estos terrenos son controlados por el hampa. La ausencia de control estatal ha permitido que los grupos criminales se fortalezcan, mientras que la extorsión y la corrupción de funcionarios públicos se han vuelto claves para el éxito de las operaciones ilegales. Según investigaciones de la Policía Nacional y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), empleados municipales y exfuncionarios facilitaron la ocupación ilegal de tierras y el tráfico inmobiliario.

Los grupos criminales en Durán encontraron un ecosistema perfecto para sus operaciones a menos de 15 kilómetros del Puerto de Guayaquil, el principal punto de salida de droga desde Ecuador. La Unidad de Investigación Tierra de Nadie y CONNECTAS entrevistaron a al menos 10 funcionarios y exfuncionarios municipales; más de 40 habitantes de las zonas irregulares, todos enfrentando estafas y extorsiones por la no legalización de sus terrenos; también conversaron con líderes comunitarios, policías en servicio, congresistas e incluso con exagentes de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas que contaron cómo actores del crimen organizado tomaron el control de dos oficinas claves en la legalización de terrenos en la municipalidad de Durán: el Registro de la Propiedad y la Dirección de Planificación y Terrenos.

Los testimonios ofrecen una fotografía de cómo ha operado el tráfico de tierras en al menos los últimos cinco años, en su mayoría durante la gestión del exalcalde Dalton Narváez Mendieta. Incluso durante su administración, el excongresista Pablo Muentes presuntamente se apropió de terrenos en la zona rural de este cantón. Muentes actualmente está detenido y es investigado por estos hechos. Aunque Narváez se desligó públicamente del escándalo de Muentes, esta investigación halló nexos entre su administración y dos líderes de grupos criminales, vinculados al narcotráfico, la delincuencia organizada y al tráfico de tierras.

En Durán, el Municipio ha identificado 14.324 predios irregulares distribuidos en 161 sectores ocupados ilegalmente. Su acelerado crecimiento, según la SOT, se debe a la falta de control de las autoridades competentes.

“El Municipio de Durán tiene un bajo control sobre el uso del suelo”, señala un informe de la SOT elaborado en junio de 2024. La entidad explica que esto se refleja en el mal manejo de recursos públicos, la inequidad territorial y el aumento de asentamientos irregulares. “Es de conocimiento público el problema de tráfico de tierras en los diferentes sectores del cantón, como consecuencia de la falta de control ejercida por el Municipio”, cita el diagnóstico.

En su defensa, el Municipio sostiene que muchos de los asentamientos irregulares se encuentran en terrenos fuera de su jurisdicción, ya que varias colonias informales se han establecido en propiedades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La desatención volvió vulnerables estas zonas, allí no existen servicios básicos. Los grupos criminales aprovechan esta situación, utilizando incluso el mal estado de las calles, que dificulta el acceso de policías y militares, impidiendo patrullajes frecuentes en la zona.

Esta realidad fue confirmada por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC): “Las bandas criminales están apropiándose de terrenos baldíos sin edificación ni escrituras, donde colocan cercas de caña o, en algunos casos, de cemento”, cita el diagnóstico realizado a finales de 2023.

Sobre estos asentamientos irregulares, las bandas establecieron sus guaridas: son lugares en donde han implantado un sistema de gobernanza criminal que somete a la población local. “Esto es muy duro”, confesó un morador de las 288 Hectáreas al ser consultado sobre la situación de su barrio. “De eso no se puede hablar. Aquí, si alguien abre la boca, lo matan”.

Chone Killers y Latin Kings se disputan Durán y el control de las colonias informales. Usurpan casas y terrenos para venderlos en la clandestinidad una y otra vez a diferentes personas y así financiar parte de sus actividades. También se apoderan de casas para usarlas como bodega de armas y drogas, o esconder a las víctimas del secuestro. Según fuentes policiales, incluso usan los predios para encubrir la trata de personas y tráfico de migrantes.

Evidencia de esto fue recogida por el equipo de investigación de este medio durante un operativo militar en febrero de 2024, en la zona de las 288 Hectáreas. Se hallaron caletas del narcotráfico en el interior de varias viviendas en zonas irregulares. Algunos paquetes de droga estaban escondidos en huecos en las paredes y otros enterrados bajo tierra, en terrenos baldíos.

“Me pagan por guardar lo que me dejan. Llegan con paquetes, alguien viene y los recoge, y me pasan un billete”, confesó durante el operativo uno de los afectados. “Si no hago lo que me piden, nos echan de la casa. He visto a gente que la sacan a la fuerza, les disparan y los dejan en la calle. A otros ni les dan chance, los matan y se quedan con su casa”.

Según la UNODC, los grupos delictivos, comerciantes y también exfuncionarios se aprovechan de la escasez de agua y tierras en Durán para lucrar a través de su apropiación y comercio ilegal.

“El tráfico de tierras se da por medio de invasiones y ocupaciones ilegales de predios públicos y privados, perpetradas a la fuerza por grupos delictivos o adjudicadas por exfuncionarios públicos que recibieron coimas”, según la información de la UNODC incluida en el Plan Cantonal de Convivencia Pacífica de Durán, al que tuvo acceso este equipo periodístico.

La cocina oculta del tráfico de tierras

Matilda, cuya identidad será reservada, contó que en 2020 pagó cerca de USD 8.000 por un terreno en el norte urbano de la ciudad. Esta propiedad no contaba con escrituras y el supuesto dueño nunca le entregó ningún documento que certifique la venta. Poco después, el terreno fue revendido de forma ilícita.

Acudió al Municipio en busca de ayuda para intentar recuperar la propiedad. Le informaron que su única alternativa era hablar con un presunto asistente del alcalde. En ese entonces, el alcalde era Dalton Narváez Mendieta, un político exmilitante del Partido Social Cristiano (PSC), cuya familia mantuvo el poder en la administración municipal por más de 20 años.

Matilda ingresó a una oficina en donde unos hombres, que se identificaron como funcionarios pero sin dar sus nombres, le ofrecieron desalojar a los ocupantes de su terreno siempre y cuando pagara USD 2.500. “Para sacar a la gente había que pagar. Intenté conseguir el dinero, pero no lo logré y perdí mi terreno”, recordó.

Cuatro años después de aquel episodio, el 17 de julio de 2024, el Gobierno ecuatoriano inició una intervención para recuperar el control de la ciudad. Un mes más tarde, el 14 de agosto, la Policía realizó 42 allanamientos en varias ciudades costeras, arrestando a 23 personas. Sus rostros fueron expuestos públicamente. Al ver las imágenes, Matilda identificó a quienes la intentaron extorsionar: “Ahí estaba. Es el colorado”, dijo sin dar nombres.

Entre los detenidos había bomberos, agentes de tránsito y hasta un excandidato a la alcaldía. Todos fueron procesados por delincuencia organizada, incluidas Érika Carlota Vera Pinela y Cindy Cristina Morán Guapisaca, dos exfuncionarias del área de inscripción de terrenos del Municipio y en atención al usuario en el Registro de la Propiedad de Durán, respectivamente. Los representantes legales de ambas fueron contactadas por este medio para conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuesta.

La Policía las detuvo como sospechosas de manipulación de procesos administrativos. Ambas son acusadas de ser un enlace entre alias Negro Tulio, cabecilla de los Chonekiller, y las diferentes instituciones públicas, proporcionando acceso a información privilegiada del catastro urbano y participando en la cooptación de contratos públicos.

Otro de los detenidos es Petter Enrique Silva Plaza, un exbombero de Durán sobre el que pesan acusaciones de otros delitos como intimidación y asesinato. Su defensa legal fue contactada, pero tampoco respondió. No obstante, al menos cuatro de los trabajadores municipales que hablaron con el equipo de investigación de este medio lo señalaron como el autor de las amenazas al interior del gobierno local y sus empresas adscritas.

“Le dicen ‘La Chepa’ Petter y fue el primer espanto de Miguel Santos Burgos”, contó uno de los funcionarios entrevistados. “Entró a la oficina de Miguel para intimidarlo, pero él respondió que no se dejaría extorsionar por ningún delincuente. Fue a raíz de esa amenaza que decidió contratar un guardaespaldas”.

Las amenazas son una constante en las dos oficinas responsables de los procesos de legalización de tierras: el Registro de la Propiedad y la Dirección de Planificación y Terrenos, de la que Santos Burgos fue titular antes de ser asesinado. Debido a su papel clave para el tráfico de tierras, estas oficinas se convirtieron en el blanco de presiones por parte de mafias que buscan apropiarse ilegalmente de terrenos. “Hay una red de tramitadores que trabaja con los grupos criminales. Es una mafia que opera casa adentro y cobra a los usuarios por cualquier trámite, ya sea de avalúo, catastro o inscripción de propiedades”, aseguró uno de los funcionarios entrevistados bajo reserva de fuente.

“En el área de legalización de tierras cobran coimas por trámites como la inscripción de una propiedad, el fraccionamiento de terrenos, certificados de avalúos o licencias de construcción”, agregó el funcionario, confesando su complicidad: “Yo colaboro con ellos. Me envían los trámites para que se procesen rápido. Piden catastros, avalúos... son trámites que la gente solicita y cobran por eso”.

Cómplice y víctima. “Si no les colaboro, me matan”, aseveró mientras mostraba en su celular los mensajes de los que llamó sus “otros jefes” y también los de personas desesperadas por ayuda para legalizar sus predios, dispuestas a pagar por trámites que deberían ser gratuitos.

Contó que como advertencia le mandaron fotos de sus hijos saliendo de la escuela y también habían dejado balas sobre el escritorio de su oficina para intimidar al personal del Municipio. “Nos mandan mensajes por celular exigiendo trámites y, si no cumples, te mandan a matar. Por eso mataron a Santos Burgos. Él fue en persona a las 288 Hectáreas y Negro Tulio lo amenazó”.

Fue la primera vez que una fuente mencionaba la amenaza de un cabecilla de los Chone Killers en contra del exdirector de Terrenos de Durán. Luego, en agosto de 2024, Víctor Hugo Zárate, comandante general de la Policía, divulgó la versión policial: la estructura liderada por Julio Alberto Martínez Alcívar, conocido como alias 'Negro Tulio', tendría relación con el asesinato de Santos Burgos, dos meses después de también intentar asesinar al recién posesionado alcalde de Durán, Luis Chonillo.

Además de su implicación en crímenes como narcotráfico y terrorismo, alias 'Negro Tulio' fue señalado por los funcionarios municipales como un personaje clave en la apropiación y venta ilegal de terrenos. Utilizaba su poder como líder de los Chone Killers para controlar territorios estratégicos en Durán, especialmente en zonas irregulares, donde realizaba estas actividades.

En julio de 2024 la Policía reveló el hallazgo de una "oficina paralela" en Fincas Delia, una zona de asentamientos irregulares en el kilómetro 6,5 de la vía Durán - Tambo. En este lugar, hallaron evidencia de la falsificación de trámites que facilitaban el tráfico de tierras y otros negocios ilícitos. Además, se investiga una posible conexión de las computadoras incautadas con los sistemas informáticos municipales. Según las autoridades, los Chone Killers, la banda en la que opera, utilizaba los recursos de esta oficina para consolidar su control sobre los terrenos.

CONNECTAS buscó la versión de alias Negro Tulio a través de su representante legal, pero hasta la publicación de este especial no hubo respuesta.

Conexiones en terrenos del poder

El poder de los grupos criminales se fortalece a través de la extorsión, el narcotráfico y el tráfico ilegal de tierras, actividades que les generan ingresos ilícitos y les permiten ejercer control como una especie de autoridades locales, ofreciendo ciertos beneficios a la población sin esconder su naturaleza violenta. “Pero estas dinámicas criminales solo perduran si cuentan con la complicidad de actores estatales”, explicó Angélica Durán Martínez, académica de la Universidad de Massachusetts y especialista en el estudio de las conexiones entre criminalidad y pobreza.

El excongresista del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes es quizás el caso más evidente de cómo malusar la complicidad e influencias políticas. Fue detenido el 4 de marzo de 2024 y procesado por delincuencia organizada y tráfico de tierras. Según la Fiscalía, Muentes aprovechó la irregularidad de terrenos en la zona rural de Durán y se valió de sus influencias políticas para legalizarlos a nombre de testaferros.

La zona en cuestión es una área de interés camaronero en las orillas del Golfo de Guayaquil, habitada por agricultores que fueron violentamente despojados de sus hogares. Los afectados contaron que Muentes, respaldado con elementos de la fuerza pública y grupos armados, los amenazó y destruyó sus viviendas para luego apoderarse de las tierras. Según información recabada por la Fiscalía, los terrenos pasaron a nombre de sus familiares o personas de confianza, usando su influencia en el sistema judicial y en el Registro de la Propiedad de Durán. Estas transferencias implicaron la creación de nuevas fichas catastrales y una rápida inscripción en el Registro de la Propiedad.

Algunas tierras fueron transferidas a las empresas Agrocamarón y Premiumcamaron, ambas registradas a nombre de Nicole Muentes, exconcejala socialcristiana en Guayaquil e hija de Pablo Muentes. En defensa suya y de su padre, ella afirma que las tierras en donde se realizaron los desalojos no pertenecen a su familia, sino que fueron adquiridas de forma legítima por un empresario extranjero. Además, asegura que Agrocamaron, la empresa que ella representa, sólo intervino como agente de pagos en la transacción.

Alega que el juicio contra su padre es un montaje, que no existen pruebas y que tampoco hubo ningún tipo de desalojo violento. "Todos los agricultores que ocupaban esas tierras recibieron un cheque certificado a título personal en una transacción formal realizada ante un notario público", indicó por escrito al equipo de CONNECTAS.

En los archivos del Municipio de Durán reposa una resolución administrativa en la que se autoriza el fraccionamiento de un terreno propiedad de Agrocamarón S.A., ubicado en el sector Las Mercedes, donde se dieron los desalojos.

El documento, sumillado en diciembre de 2021 con informe favorable de la Jefatura de Avalúos municipal, muestra que la autorización fue firmada por Jipson Contreras Aparicio, delegado del exalcalde Narváez para facilitar trámites de construcción en el cantón. El equipo periodístico buscó la versión de Contreras, pero hasta la publicación del reportaje la solicitud no había sido contestada.

Meses atrás, luego del escándalo que desató la detención de Pablo Muentes, Jaime Nebot, líder vitalicio del Partido Socialcristiano (PSC), aseveró que el caso es una situación ajena a su frente político; y, sin dar nombres, indicó que había grupos que intentaban usar el caso para calumniarlos.

Por su parte, Narváez, quien ya no milita en el PSC, confesó a un medio digital que conocía de las actividades ilícitas de Muentes y que había intentado frenarlas deteniendo trámites de legalización de tierras. En la misma línea, aseguró que no denunció el caso a la justicia, porque “es el perjudicado el que debe hacerlo”.

Con el fin de tener influencia en los procesos administrativos y también de obtener beneficios de la contratación pública, los líderes criminales en Durán se las ingeniaron para no solo cooptar funcionarios, sino también para colocar personas de su confianza en puestos claves de las oficinas municipales. Esto fue confirmado el 14 de agosto de 2024 por la Policía Nacional, luego del operativo en el que se detuvo a 23 personas. Según el director general de Investigaciones de la Policía Nacional, Freddy Sarzosa, incluso había miembros de la organización que constaban en nómina de Registro de la Propiedad, Bomberos, Agencia de Tránsito y del Municipio de Durán que ni siquiera asistían a trabajar normalmente.

Los vínculos entre los extrabajadores detenidos y los grupos criminales incluso responden a nexos de afinidad y consanguinidad. Sin dar nombres, Sarzosa aseguró: “Tienen una larga data de permanencia en los tres últimos periodos de los alcaldes del cantón Durán”.

Un ejemplo de esto es el caso de la expareja de Leiner Lara Alao, un excabecilla criminal asesinado en 2020, identificado como miembro de Los Lagartos, una banda alineada con los Latin Kings en Durán. Se trata de Keila Verdezoto Álvarez, quien comenzó a trabajar en el Municipio en 2019, en la Dirección de Planeamiento Territorial. Ahora, en 2024, trabaja en la Dirección General de Servicios y Espacios Públicos.

La evidencia de su relación es pública y permanece en las redes sociales de ambos. Verdezoto no registra procesos legales en su contra. El equipo de investigación intentó contactarla, pero no hubo respuesta.

Eso no es lo único que se inmortalizó en redes sociales. También consta un registro fotográfico de 2018, cuando alias Negro Leiner participó activamente en la campaña electoral del entonces candidato a la Alcaldía, Dalton Narváez y el registro de esto quedó en las redes sociales del Frente de Líderes Durán, un grupo organizado por él para sumar votos.

Las imágenes muestran el momento en que Leiner llegó al lanzamiento de la candidatura de Narváez, el 31 de agosto de 2018, rodeado de banderas y camisetas distintivas del Partido Social Cristiano (PSC). En la campaña recorrió el territorio y las calles sin asfaltar, colgó carteles de lona sobre las casitas de zinc y madera de las zonas más desprotegidas. Hablaba con las personas, motivaba al electorado, incluso se lo vio en las oficinas municipales organizando el trabajo. Luego, subió a Facebook las fotos de su intervención.

Un testigo de la campaña electoral de 2019 señaló que Leiner, respaldado por la influencia que tenía en las zonas de asentamientos irregulares, desarrolló su campaña en estos barrios. El registro de estas actividades fue compartido en redes sociales por la militancia del Frente de Líderes Durán.

Dos exfuncionarios de la anterior administración municipal, dos líderes comunitarios y un policía, confirmaron al equipo de esta investigación la participación de Negro Leiner en el tráfico de tierras y su influencia política.

En 2019, Dalton Narváez fue electo alcalde por segunda ocasión. La legalización de tierras fue uno de los principales ejes de su campaña. Esta oferta estuvo acompañada de promesas de mejorar servicios básicos como el agua potable y la recolección de basura.

Con Narváez en la Alcaldía, Danny Rafael De la Rosa Choca fue nombrado gerente del Registro de la Propiedad de Durán, institución responsable de certificar y legalizar los registros o escrituras de los predios en el cantón y su gerente es designado directamente por el alcalde.

Antes de asumir el cargo, De la Rosa trabajó con las esposas de dos figuras poderosas de Durán: Lissette Burbano Moncada, esposa del exalcalde Narváez, y la pareja de Washington Aquiles Sellán Hati, alias Washo, detenido en 2021 por tráfico de droga y asesinado tres años después en una emboscada. El equipo de investigación intentó contactar a De la Rosa y Burbano, pero no obtuvo respuesta.

De la Rosa brindó apoyo legal a la Fundación Un Corazón Solidario, creada por ambas mujeres, y fue nombrado secretario ad hoc, encargado de redactar los estatutos para la constitución de la mencionada entidad. También fue socio de Jipson Contreras, el delegado municipal. Ambos fundaron en 2020 una firma para asesoría legal llamada Legal Icon.

Por otro lado, la relación entre Narváez y Sellán Hati no se limitó a la conexión societaria entre sus parejas. Washo también participó en reuniones sociales y eventos públicos junto a Narváez y otros miembros influyentes de la comunidad, como su hermano Josué Narváez Mendieta y el antes mencionado Jipson Contreras.

En la foto también aparece Carlos Montúfar, un exjefe de Bomberos que ahora trabaja como asesor en la Asamblea Nacional. Montúfar confirmó a CONNECTAS que la foto fue tomada en 2018 durante una fiesta de cumpleaños.

La evidencia recopilada por el equipo de investigación muestra a Sellán Hati y Narváez Mendieta juntos, en varios eventos privados, en una cancha deportiva y bajando juguetes de un camión. La Policía ha identificado a alias Washo como un narcotraficante, no como un traficante de tierras; sin embargo, los testigos entrevistados defendieron que tenía poder de decisión en los trámites administrativos municipales, incluso los de legalización de predios. Esto sin ser empleado municipal.

Según un exfuncionario del Registro de la Propiedad de Durán, cuya identidad permanecerá reservada, Washo daba órdenes en el municipio. Todo trámite pasaba a través de él, incluso aprobaba los contratos que implicaban grandes cantidades de dinero, mientras que las coimas por trámites de avalúo o certificados de dominio las dejaba para que los funcionarios se quedaran con el dinero. Aquí su testimonio:

La identidad del testigo se mantiene en reserva por su seguridad.

El 17 de julio de 2024, cuando el Gobierno ecuatoriano inició su intervención en Durán, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa llegó hasta Fincas Delia en un despliegue vistoso de las fuerzas del orden. Una vez allí, Noboa, desde un atril de madera colocado sobre la tierra y decorado con el escudo nacional sobre un terreno baldío, rodeado de policías, militares y tanquetas blindadas, declaró:

“A ustedes les han prometido de todo. Se han reído de sus necesidades y cada cuatro años les han pedido su voto. Pretendieron gobernar como una monarquía solo para enriquecerse, y ¿dónde están ahora? Escondidos, huyendo, ocultándose en las sombras para que las mismas bandas no los maten. Todos han sido cómplices de lo que ha sucedido aquí durante años”.

El primer mandatario no mencionó nombres, pero sus declaraciones apuntan a un hecho: el exalcalde de Durán, Dalton Narváez Mendieta, se encuentra prófugo de la justicia desde el 16 de abril de 2024, cuando la Fiscalía presentó cargos en su contra y un juez ordenó su captura inmediata por supuestas irregularidades en contratos públicos vinculados al sistema de agua potable en Durán durante su gestión, entre 2013 y 2019. Narváez fue contactado por este medio, pero no quiso dar entrevistas al equipo de investigación, negó sus vínculos con cualquier grupo criminal y amenazó con tomar acciones legales.

La intervención de las autoridades en 2024 expuso la magnitud de la infiltración criminal en diversas entidades municipales, como el Registro de la Propiedad y la Dirección de Planificación.Y aún está por verse si esto puso a tambalear el mecanismo que las mantuvo corruptas por años, haciendo del tráfico de tierras el engranaje central de otras mafias que mantienen a la población sometida a extorsiones, violencia y a los monopolios de servicios básicos tan básicos como el agua potable, en un cantón convertido en bastión del narcotráfico y en una de las ciudades más violentas del mundo.