En los últimos doce años, Durán ha recibido USD 47 millones para agua potable y alcantarillado. Pero según cifras oficiales solo el 30% de sus habitantes tiene conexión de agua potable y, de los que tienen conexión, más del 80% no la recibe en sus casas, porque «se pierde» en el camino. Ocho de cada 10 personas no tienen acceso al alcantarillado.

Durán, ciudad distópica: el agua sobrepasa sus rodillas, Catalina chapotea y su hermano menor salta de la cama al braceo, mientras su madre aprovecha para bañarlos. Juegan, bromean entre ellos, intentan en vano adaptarse, porque todo esto sucede al interior de su casa, construida con retazos de madera y zinc, en una ciudad inundada que no tiene alcantarillas, ni agua potable. Además, ya es medianoche.

Desde la noche del miércoles 26 de enero de 2022, las cinco etapas de El Recreo, la 5 de Junio, San Genaro, el sector de las 288 hectáreas y otras comunas de Durán quedaron inundadas varios días. Su alcalde, Dalton Narváez, responsabilizó del desastre a la falta de dragado del Río Guayas y a San Pedro: “La lluvia de un mes cayó en un solo día”, dijo.

Solo el 22% de la población tiene acceso a alcantarillado. En la foto, dos calles de las cooperativas en las zonas invadidas de la ciudad

Lo cierto es que apenas un 22,6% de la ciudad tiene alcantarillado, según los últimas estadísticas públicas de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Durán (Emapad). Pero la cifra es del 2019 y no existe una más actual. La construcción de nuevos desagües se ha convertido, junto al servicio de agua potable, en la permanente e infaltable oferta de campaña durante los últimos 20 años.

Durán ha tenido tres alcaldes en dos décadas. Mariana Mendieta (PSC) fue electa en el año 2000, en reemplazo de Oswaldo Peñaherrera (PRE), y reelecta en el 2004. Pero dejó el cargo en el 2008 en medio de varios escándalos, acusada de peculado y coyoterismo (tráfico ilegal de migrantes).

En junio del 2008, la Fiscalía allanó su casa, decomisaron documentos, escrituras públicas. También se emitieron dos órdenes de prisión en su contra. Estando prófuga de la justicia, desde la clandestinidad, Mendieta renunció a la Alcaldía y puso en su lugar a su hijo, Dalton Narváez. Luego, en el 2011 fue absuelta y, ya sin impedimentos legales, volvió como concejala en el 2014.

El hijo de Mendieta terminó el período de su madre y probó suerte en las seccionales del 2009. Ganó y así retuvo el poder hasta el 2014, cuando en un nuevo proceso electoral,  Alexandra Arce —entonces con Alianza País— tumbó la hegemonía socialcristiana para instaurar cuatro años de correísmo en Durán. Luego, en los comicios del 2019, Narváez recuperó la Alcaldía.

Todos, sin excepciones, prometieron agua potable para Durán. “El agua va porque va”, han repetido en cada campaña, desde diferentes tarimas y con distintas camisetas. Pero ninguno ha tenido un diagnóstico preciso del problema: por un lado están las estadísticas en la página web de la Emapad, que en tiempos de Arce muestran un 29,39% de Durán con agua potable; por otro, está el actual gerente de la Empresa de Agua, Cristian Mendoza, quien asegura que la cobertura en el 2021 fue del 53%.

Entonces ¿la cobertura de agua potable aumentó 20% en dos años? Pues no. “Esas cifras están mal”, dice el alcalde. “Creo que está mal calculado el dato que está subido en la página web”, ratifica el gerente Mendoza. “No hemos aumentado la producción de agua potable en dos años y con el mismo nivel de producción de hace 13 años abastecemos a una población que nunca frenó su crecimiento, aumentando los niveles de consumo”, detalla.

En este punto, lo ideal sería cuantificar cuántas casas fueron afectadas por las inundaciones, cuántas no cuentan con agua potable o, por lo menos, cuántas personas viven en Durán. Pero tampoco existe un registro preciso del crecimiento poblacional en el cantón, ni del acelerado, casi violento incremento de los asentamientos irregulares.

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, en el 2010 Durán tenía una población de 235.769 habitantes, con un crecimiento promedio del 9% anual. Actualmente, las autoridades del cantón solo manejan datos estimados: “De acuerdo a la proyección del Plan Maestro, a fines del 2021 en Durán debería haber una población de 325.000 habitantes”, dice el gerente de la Emapad.

Mientras tanto, en Durán no hay agua potable para tanta gente. La empresa de Agua del cantón distribuye un promedio mensual de 1’570.000 litros de agua por hora, a un total de 41.065 usuarios (casas o conexiones). Pero esto sólo en cálculos generales, porque en el día a día la distribución es irregular y sólo hay agua de cuatro a seis horas, unos tres días por semana. La mayoría del tiempo no hay agua y cuando llega es todo menos potable: una plasta de lodo con sedimentos de las tuberías por la falta de uso.

En el 2019, un 44,84% del agua potable que entraba en la red de tuberías de Durán se perdía en el camino, según las cifras oficiales que la misma Emapad cuestiona. El alcalde asegura que en la actualidad, en 2022, se pierde casi el doble: un 85% del agua no llega a las casas que tienen tuberías.

“Por eso compramos agua a los tanqueros. El problema con ellos es que no tienen horario fijo. A veces pasan a las 5:00 am., a veces a las 10:00… No tiene una hora y nunca respetan el precio oficial (0,80 centavos). Mínimo se paga un dólar por tanque. Nos dejan un agua sucia. Cuando es dulce está bien, pero otra veces cocinamos arroz y se hace verde. Los niños están enfermos”, cuenta Dolores, quien vive desde hace 15 años en la Cooperativa Unidos Venceremos.

Estación de parqueo de los tanqueros, en Durán. Abajo, los tanqueros registrados oficialmente por el municipio llevan sellos y el precio oficial. Pero según los pobladores, este no se respeta

Un tanque, como ella lo llama, por lo general es un recipiente a un barril industrial, que puede contener entre 55 galones y 42 galones de agua. Un carro tanquero carga ocho metros cúbicos, y de cada m3 se rinde 4,7 tanques de 55 galones. Todo esto es un cálculo aproximado, porque no hay cifras “oficiales” ni reguladas sobre el comercio del agua.

Dolores, al igual que Catalina y su familia —que viven en el sector de las 288 hectáreas—, prefieren no ser fotografiados y ni revelar sus nombres por seguridad. Bastó con llegar a sus casas para que al menos tres personas comenzaran a merodear el sector a registrar todo lo que sucedía o con quien conversaban. Los merodeadores tomaban fotos y fingían ser recolectores de basura tratando de disimular su presencia, pero nunca escondieron las pistolas que portaban ni los tatuajes que los identifican como miembros de las organizaciones criminales Los Choneros y ChoneKillers.

Las zonas más pobres y más pobladas de Durán están secuestradas por pandillas, grupos de choque, mafiosos y bandas que ejercen un poder para militar en las cooperativas, sobre todo en las invasiones donde actuán las mafias del tráfico de tierras.

¿Por qué no hay agua en Durán?

“Es por falta de inversión pública”,  dice el gerente de la Emapad. “No es que Durán no tenga agua. Si tiene, pero de forma racionada”, dice el alcalde Dalton Narváez y culpa de todo el problema a la gestión de la ex alcaldesa Alexandra Arce.

Al respecto, en entrevista, Narváez respondió lo siguiente:

Dalton Narváez, alcalde de Durán.

P. Mariana Mendieta, su madre, fue alcaldesa por ocho años. Renunció en medio de un escándalo de corrupción y le dejó a usted en la Alcaldía. Luego usted es electo por cuatro años más y en el 2014 recién entra Arce. Sale Arce y usted vuelve a la Alcaldía en el 2019 hasta el 2023. Y le recuerdo que cuando Arce fue alcaldesa, Mariana Mendieta fue concejal. Lo que veo es que los últimos 20 años su familia ha manejado el Municipio. Durán no se fundó con Arce. ¿Qué se hizo antes?

R. En los tiempos de Mariana Mendieta, que ya responderá por sus actos y fue auditada debidamente; y, por el favor del pueblo fue alcaldesa, no porque nos heredamos…

P. No estoy hablando de los votos, sino de la gestión.

R. En los tiempos de Mariana Mendieta, Durán no tenía la densidad poblacional que hay ahora, lo que había en redes (de agua) abastecía Durán. Por la cercanía a Guayaquil la gente migra para acá, no a Samborondón. No se esperaba que las invasiones crecieran tanto.

Narváez se justifica: “El problema fue que no se cumplió con lo planificado, con lo que yo dejé en mi primera administración: no se ejecutó un estudio para la construcción de cuatro pozos nuevos y la construcción de un acueducto nuevo”, detalla. “La que fue alcaldesa (Arce) deberá responder qué hizo con los USD 38 millones que recibió del Banco de Desarrollo para el sistema de agua potable en Durán”.

El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) ha entregado a Durán un total de USD 47,38 millones en créditos para proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento desde 2010 hasta 2021. Según información confirmada por la entidad financiera pública, de esa cifra, USD 35,37 millones fueron fondos no reembolsables.

El desglose de los créditos también fue consultado al BDE, para conocer los montos exactos entregados a cada administración, año por año, junto con detalle de los proyectos que serían financiados. Pero el personal de la entidad dijo a Plan V que esta información es reservada, pese a tratarse de fondos públicos.

“La información solicitada tiene el carácter de reservada, debido a que se trata de los datos crediticios de un cliente del Banco, ante lo cual rige el sigilo bancario, estipulado para las entidades financieras públicas y privadas en Código Orgánico Monetario Financiero”, cita la respuesta del BDEa un pedido de información.

La mayor parte de estos fondos se entregó en la administración de Alexandra Arce, para un contrato por demás cuestionado, no solo por una serie de incumplimientos identificados tras un examen de la Contraloría, sino también porque la  empresa contratada fue la Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción, ESEICO, una firma manejada por Ramiro Galarza Andrade, sentenciado el 23 de abril del 2020 por la justicia ecuatoriana a ocho años de prisión, por ser parte de una red delictiva en el Caso Sobornos 2012-2016 (llamado periodísticamente Caso Arroz Verde), en el cual se demostró judicialmente cómo grupo de empresas privadas financiaron las campañas presidenciales del correato a cambio de contratos estatales.

Así, el contrato LICO-GADMD-001-201 fue adjudicado el 30 de diciembre del 2014, por un monto de USD 20’171.441 —poco después de que Arce asumiera como alcalde— para el “mejoramiento y optimización de conducción de agua potable de Chobo a Durán, para la ampliación de cobertura del servicio en varios sectores del  cantón Durán”, cita el contrato.

A esos USD 20 millones se sumaron otros USD 5’489.132,37 en cuatro contratos complementarios y otros USD 5’748.732 en dos órdenes de trabajo y una de cambio, sumando pagos en favor de ESEICO por más de USD 31,3 millones.

Sobre ese contrato, la Contraloría determinó inconsistencias en los costos unitarios que duplicaron el presupuesto, causando perjuicios al Municipio. El organismo de control también señaló que el contrato se adjudicó sobre la base de estudios incompletos y desactualizados, lo cual provocó inconvenientes y retrasos en la ejecución del proyecto.

El contrato con ESEICO fue adjudicado por el Municipio de Durán y la administración del mismo estuvo en manos de la Emapad. Pese a esto, el Municipio, bajo la tutela de Arce, contrató a su propia empresa de agua como fiscalizadora. Para entonces, el gerente de la Emapad era Carlos Julio Jaramillo, quien salió de la gerencia de la empresa pública municipal ETAPA, luego de que Paul Granda perdiera la reelección como alcalde de Cuenca en el 2014. 

Tratando de solucionar el problema de los estudios incompletos y desactualizados en Durán, Jaramillo contrató cinco consultorías entre diciembre del 2014 y octubre del 2016, para complementar los diseños y mejorar los cambios sugeridos por la fiscalizadora; es decir, sugeridos por la misma Emapad. Estas consultorías costaron USD 255.442, según Contraloría.

Motivados en la falta de estudios y con base en las sugerencias de la Fiscalizadora y sus consultorías, se cambió el diseño de contrato original con ESEICO y, mediante un contrato complementario, se reemplazó la construcción de cuatro pozos nuevos prevista en un inicio, para repotenciar de los pozos 5, 6, 7, 8 y 13, ya construidos.

Alexandra Arce fue consultada sobre este particular:

Alexandra Arce, Asambleísta del Guayas, distrito 3, ex alcaldeza de Durán, responde a las preguntas de Plan V.

P. Usted permitió que la Emapad sea administradora y también fiscalizadora del contrato con ESEICO. ¿No vio extraño eso?

R. Si, en algún momento lo cuestioné. En su momento hablé con Carlos Julio Jaramillo y me dijo que su objetivo era generar ingresos para la empresa, porque la Emapad no estaba bien económicamente y podrían ayudar con esos ingresos. Me indicó que, obviamente, contaban con el equipo necesario para hacer la fiscalización y que todo estaba legalmente sustentado. Lo vi contraproducente en algún momento pero, insisto, yo no tengo experticia en el tema del agua potable. Uno contrata para que lo asesoren y para mí, mi gerente (Jaramillo) sabía cómo hacer las cosas.

P. ¿Se da cuenta que la Emapad y el Municipio estaban siendo juez y parte?

R. Si usted le pregunta a Alexandra Arce ahora, en el 2022, fue un error.

La Fiscalía General investiga el tema, basada en el informe de Contraloría. Mientras tanto, la actual administración de Narváez asegura que los cinco pozos reportenciados se entregaron averiados. Que solo uno pudo entrar en operación y al poco tiempo también se dañó.

Pese a todo esto, el contrato firmado con ESEICO siguió vigente por dos años más después de la salida de Arce. Recién noviembre del 2021, el Municipio de Durán dispuso la terminación unilateral del contrato. 

Al BDE se solicitó información sobre los fondos entregados al Municipio de Durán para el contrato con ESEICO, pero se negó una respuesta indicando que “actualmente dicho contrato se encuentra en un proceso de resolución de conflictos dentro del sistema judicial para la recuperación de valores”, cita. “Entregar información respecto de este tema podría perjudicar el debido proceso del mismo”.

Las mafias del agua

Irónicamente, Durán podría ser considerado como un ensayo de ciudad del futuro, cuyo salto en el tiempo pasó por sobre el desarrollo tecnológico y la modernidad, para aterrizar en una era post apocalíptica en donde pequeños grupos con algo de poder intentan controlar el agua.

Pero no hubo desarrollo tecnológico ni modernidad. 

En este cantón rige un sistema perverso, cuya piedra angular es el tráfico de tierras. Entre el 45% y 50% de los barrios y comunas de Durán son asentamientos irregulares, en donde el crimen organizado impone las reglas del juego. Solo el 28 y 29 de enero de este año, cuatro personas fueron baleadas por sicarios y, el 4 de febrero, otras dos fueron asesinadas en plena luz del día. 

Los autores de estos crímenes pertenecen al mismo grupo que merodea y vigila en las comunas. Ni siquiera se esconden. Permanecen a la vista de todos y es fácil identificarlos por los tatuajes distintivos de sus organizaciones. Ellos mandan al interior de las comunas y los de mayor responsabilidad son identificados como “terratenientes”.

“Si ven a alguien que no conocen en seguida dan alerta y comienzan a rondar la zona. Todo el tiempo tienen gente vigilando. Yo me he peleado con esta gente porque quieren reclutar a mi hijo de 14 años”, cuenta María Socorro (nombre protegido), que vive en el sector de la 12 de Agosto.

En ese barrio tampoco hay rastro alguno de sumideros ni agua potable. En la entrada, junto a la única casa de cemento y de dos pisos de la zona, se ha colocado una reja de hierro movediza de más de dos metros de alto. “Es para marcar territorio”, cuenta María.

El sistema es el siguiente: protegidos por el hampa, un grupo armado se toma a la fuerza un terreno para después venderlo clandestinamente por partes, desde USD 3.000 hasta USD 6.000 o más cada parte. Si alguien descuida su terreno, los violentos terratenientes revenden el espacio a alguien más. Y así, cada terreno pasa de mano en mano y puede tener dos, tres, cuatro dueños diferentes o más.

Matilda, quien por seguridad pidió no revelar su nombre, cuenta que en el 2020 compró un terreno a su supuesto propietario. El vendedor falleció sin dejarle ningún documento que certificara la venta y al poco tiempo el terreno fue invadido. Para no perder los USD 6.000 ya pagados, acudió al Municipio de Durán en busca de ayuda. Según cuenta, ahí le dijeron que debía hablar con unos supuestos asistentes del alcalde.

Ella no los identifica, pero asegura que fue escoltada a una habitación contigua, en donde le indicaron que debía pagar USD 3.500 si quería que ellos desalojen a la gente que se había posesionado del predio y pueda recuperarlo. “Eran como tres o cuatro personas. Dijeron que allí los papeles no servían, solo la plata y la iban a dividir entre ellos”, aseguró. “Para sacar a la gente hay que pagar, pero yo no pude hacer eso porque no tengo dinero. Hice el intento de conseguir la plata, pero no lo logré y perdí mi terreno”.

“Ese terreno le pertenece al IESS”, confesó. “El dueño del terreno, el que me lo vendió, tenía un certificado la propiedad y con eso hizo la venta. Yo ya había construido el baño y un cerramiento, me costaron como USD 600”.

Por tratarse de asentamientos irregulares, el Municipio no puede hacer obra en estas zonas y tampoco instalar allí las redes de electricidad o agua potable. Según el alcalde de Durán, Dalton Narváez, tampoco pueden desalojar a las familias porque “las invasiones son política del Estado, no del Municipio”, dice, mientras confirma que las invasiones están tomadas por bandas delincuenciales: “yo mando a mi gente y la sacan con armas, tenemos que salir porque no tenemos respaldo de la Policía”. No es mi competencia el tráfico de tierras. Nosotros colaboramos con la Gobernación. Cuando hay tráfico de tierras lo que hacemos es denunciar, explica Narváez. “Cuando invaden áreas verdes actuamos directamente, pero lo que se invaden son tierras particulares, las tierras del Seguro Social. Todo el sector de Los Helechos fue una gran invasión, Algarrobos, 2 de Mayo… casi todo está asfaltado y lo asfalté yo”.

Resolver el problema de la ocupación irregular sería el primer paso para solucionar también el problema de la distribución de agua, pero esto no resulta políticamente muy útil en las elecciones seccionales. Según el concejal opositor Pablo Ayala, la principal oferta de campaña es la legalización de barrios. “Se ha creado un sistema clientelar en donde los terratenientes que vende terrenos ilegales por partes, en representación del alcalde, van de barrio en barrio ofreciendo legalización de tierras a cambio de votos”, asevera.

La falta de redes de distribución, a su vez, favorece el negocio de los tanqueros de agua, los cuales por disposición de la Emapad deben vender a USD 0,80 el tanque de agua, aunque ninguno respeta el precio.

La Emapad guarda un registro de 85 tanqueros autorizados y estima al menos una decena adicional de ilegales. Se distinguen fácilmente por los logos distintivos pegados en las unidades, por lo que el gerente de la empresa de agua considera imposible que alguno no cobre el precio oficial.

A pesar del precio oficial, en las calles la realidad es otra. “Nos dejan el tanque a USD 1 o USD 1,25. Si no se les paga eso, se van”, cuenta Marjorie, de la Cooperativa San Jacinto.

Contrario a lo que asegura el gerente, en las calles la realidad es otra. “Nos dejan el tanque a USD 1 o USD 1,25. Si no se les paga eso, se van”, cuenta Marjorie, de la Cooperativa San Jacinto. “Gastamos más o menos USD 50 al mes solo en agua de tanqueros y a veces el agua viene amarillenta”, agrega y esto sucede porque hay tanqueros que se abastecen de tomas clandestinas de agua. Para efectos de este reportaje, pudimos ubicar tres a la altura del kilómetro 26 de la vía Durán-Taura.

Alfredo Carrasco, veedor ciudadano y presidente del Comité de Usuarios de Servicios Básicos, estima que la venta de agua en tanqueros genera a sus dueños unos USD 14 millones al año y cerca de USD 3,5 millones anuales paga el gremio al Municipio de Durán. La Emapad maneja otras cifras y detalla que los tanqueros pagan a la empresa 0,55 centavos por metro cúbico y venden en promedio 69.737 m3 cada mes a los tanqueros y, sumando la venta de agua a los sectores comercial, industrial y residencial, suma una facturación de USD 231.879 por 922.986 m3 de agua, menos USD 11.159 por descuentos para discapacitados y tercera edad.

El «cuento» del agua potable en Durán tiene casi cinco lustros. Luego de casi USD 50 millones de inversión, la situación sigue siendo la misma.

Rolando Andrade, administrador de la Asociación de Propietarios de Tanqueros de Agua de Durán, prefiere no hablar de cifras exactas. “No se puede hablar así a vuelo de pájaro. Cada viaje nos cuesta USD 40, son tres viajes por día. Se paga chofer, oficial, diésel, mantenimiento del vehículo, llantas…”.  

Alexandra Arce, al respecto, hizo una denuncia: “Cuando yo ingresé, de parte de los dueños de los tanqueros me preguntaron cuánto sería mi fee mensual y me ofrecieron USD 50.000 mensuales”, afirmó Arce en declaraciones para este reportaje. Este pago, explicó, era “para que solo se les de agua a ellos (los regulares) y no a los tanqueros autónomos (sin permiso de operación)”.

Arce aseguró que durante su administración intentó dar un mismo trato  a los tanqueros regulados y los no registrados, por lo que recibió presiones para favorecer a los primeros. “Querían exclusividad y que no se revise la tarifa básica”, afirmó.

Andrade rechaza la denuncia, “¿Usted cree que voy a mandar al alcalde o contradecirlo?”, manifestó. “Nosotros somos apolíticos. Aquí no damos plata a nadie porque no nos da. Nosotros tenemos para sobrevivir, aquí no nos da para enriquecernos”.

El testimonio del concejal Ayala coincide con el de Arce: “No es que los alcaldes de turno no han podido darle agua potable a Durán, lo que pasa es que existe un acuerdo con las mismas mafias del agua. Aquí, en Durán, existen mafias del agua”, asegura. “Estas mafias, constituidas por años, son las que sostienen las campañas políticas. En el momento que su candidato se convierte en alcalde, este no hará nada que afecte el comercio de las mafias del agua. Y aquí una precisión: no me refiero al joven oficial, al conductor, sino a los que están detrás. Son gente muy poderosa”.